Felipe González pide el fin de la milicia vinculada a Diosdado Cabello y elecciones limpias en Venezuela tras el acto con María Corina Machado en España

El expresidente del Gobierno español Felipe González ha reclamado en Madrid la desaparición de los llamados colectivos o milicias paralelas que actúan bajo la influencia de Diosdado Cabello y ha insistido en la necesidad de establecer cuanto antes una fecha concreta para elecciones libres y limpias en Venezuela. Sus declaraciones las formuló durante el desayuno informativo del Nueva Economía Forum, que este lunes tuvo como protagonista a María Corina Machado, referente opositora de la democracia en Venezuela y figura central en el esfuerzo por impulsar un cambio político en el país caribeño.

En el encuentro, organizado en un marco de fuerte visibilidad mediática y político, González se ha referido a la figura del número dos del chavismo venezolano, señalando que debe desaparecer “esa milicia paralela que domina Diosdado Cabello”. El expresidente ha apuntado que la propia figura de Cabello lo declaró persona non grata en el régimen, detalle que el propio González ha puesto en valor con ironía, asegurando que “nada más grato me resulta que eso”, lo que subraya su distancia ideológica respecto al Ejecutivo de Nicolás Maduro.

El planteamiento de González no se limita a la crítica retórica y entra en un terreno de exigencia institucional y de transición política. El socialista español sostiene que, para que en Venezuela se produzca una transición hacia la democracia, es necesario que se desactive la red de poder paralela que vincula a colectivos armados a estructuras dentro del Estado. En este punto, vincula la cuestión de las milicias a la credibilidad de cualquier proceso electoral, al señalar que una vuelta a la democracia requiere, además, la definición de una fecha para elecciones que puedan considerarse limpias y aceptadas por toda la comunidad internacional.

Felipe González ha añadido, en un tono más jurídico, que la eventual aplicación de una Ley de Amnistía no debe quedar en manos de órganos que considera ilegítimos, aludiendo a instancias del régimen que, a su juicio, carecen de legitimidad democrática. Con ello, González condiciona el uso de herramientas de reconciliación política a un marco de instituciones que cuenten con reconocimiento democrático, algo que de nuevo subraya su desconfianza en la actual arquitectura de poder en Caracas.

En el contexto de este desayuno informativo, el papel de María Corina Machado adquiere una relevancia central. La opositora venezolana, que ha encabezado en los últimos años una de las corrientes más visibles de la resistencia democrática dentro y fuera de Venezuela, ha sido durante años blanco de acciones de coacción política y judicial del chavismo, lo que ha intensificado su presencia en el exilio y en la esfera internacional. La propia gira europea de Machado, que ha pasado también por España, ha generado ruido político y debates en el ámbito de la derecha y el centro español, sobre todo en torno a la conveniencia política y simbólica de recibir y respaldar a figuras de la oposición venezolana.

Los actos en Madrid, incluido el encuentro en la Plaza del Sol y otras agendas con empresarios y sectores de la política española, han sido analizados por distintos medios y comentaristas como un intento de consolidar una narrativa de oposición unificada frente al régimen chavista, pero también como un espacio en el que se han abierto más dudas que respuestas sobre la estrategia global de la oposición venezolana. Algunos analistas han señalado que la visita de Machado ha desplazado el debate hacia cuestiones de tono, imagen y simbolismo, dejando en segundo plano la discusión sobre cómo organizar una estructura política estable, cuál es el rol real de la llamada oposición en el exilio y qué condiciones concretas deberían exigirse para validar un eventual proceso electoral en Venezuela.

En este marco, la intervención de Felipe González cobra un carácter tanto ético como estratégico. Por un lado, emite un juicio de valor sobre la naturaleza de los colectivos y su papel en la violencia política y la coerción social; por otro, propone un criterio mínimo para que cualquier salida política sea creíble: que se desactive esa milicia paralela y que exista un calendario electoral claro. Esta doble exigencia busca evitar que un proceso de transición se limite a una reposición formal de elecciones sin cambios reales en el control de la fuerza y la seguridad del Estado.

El reconocimiento público por parte de un expresidente del PSOE, históricamente enfrentado al chavismo desde la izquierda socialista europea, también marca un punto de inflexión en el debate español sobre Venezuela. En el pasado, parcelas del progresismo europeo han mostrado ambigüedad frente al régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero la presencia creciente de figuras como Machado en el exilio y la acumulación de denuncias de violaciones de derechos humanos han reforzado una lectura más crítica. González, con sus declaraciones, se suma a un bloque de actores internacionales que rechazan legitimar a un Gobierno que consideran autoritario y que exige transparencia en cualquier proceso electoral.

En España, el debate sobre Venezuela ha estado marcado por la presencia de una comunidad venezolana significativa en el país, estructuras políticas sensibles a la situación de los inmigrantes y un tejido diplomático que ha oscilado entre la presión internacional y el diálogo. La visita de Machado y la alineación explícita de figuras como González pueden reforzar la presión sobre instituciones europeas y españolas para que mantengan una postura de condicionalidad frente al diálogo con el chavismo, atando cualquier avance a la garantía de elecciones limpias y a la desarticulación de instrumentos de represión interna.

Sin embargo, también existen quienes en España advierten sobre los riesgos de convertir la política venezolana en un escenario de polarización propia. Un sector del debate público español sostiene que la exaltación del discurso de la oposición venezolana puede servir para alimentar narrativas identitarias y enfrentamientos internos, en lugar de centrarse en propuestas concretas para la transición política y el respeto de derechos. Estas voces recuerdan que, para cualquier solución sostenible, es necesario combinar la presión democrática con canales de diálogo real y con un enfoque institucional, más allá de la retórica.

En el plano jurídico y de derechos humanos, las propuestas de González se alinean con el llamado recurrente de organismos internacionales y de la propia Unión Europea a Venezuela para que investigue y disuelva grupos armados que actúan en la sombra del Estado. La crítica a una “milicia paralela” choca directamente con la idea de monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado democrático, y pone el foco en la necesidad de que cualquier proceso de transición abarque una reforma profunda del aparato de seguridad y de la relación entre el poder político y las estructuras de coerción.

En esta línea, González ha dejado claro que la amnistía no puede servir como herramienta para blindar a actores que han ejercido violencia o represión bajo el amparo de un gobierno considerado ilegítimo. Esa posición entra en sintonía con quienes, en el ámbito internacional, defienden que la garantía de no repetición y la rendición de cuentas son condiciones previas para cualquier acuerdo de reconciliación que no se quede en un simple apaciguamiento superficial.

Para los lectores españoles que siguen con atención la situación en Venezuela, las declaraciones de Felipe González introducen un criterio político claro: sin desmantelamiento de ese entramado paralelo de colectivos y sin un calendario concreto y verificable de elecciones limpias, cualquier salida política tendrá un valor limitado. Esto puede ser especialmente relevante para quienes están involucrados en el debate sobre la política exterior europea, la relación con la comunidad venezolana en España y la definición de claves de presión y diálogo con el régimen de Maduro.

En el plano de la opinión pública, la intervención de González también puede reforzar la percepción de que la crisis venezolana no es solo un conflicto de poder interno, sino un problema de orden democrático continental que afecta a la estabilidad y los derechos humanos en toda la región. España, como país con fuerte proyección en América Latina y con un número creciente de venezolanos residentes, se sitúa en un punto de encuentro entre la diplomacia europea y las experiencias personales de miles de personas que han tenido que abandonar su país.

En síntesis, el planteamiento de Felipe González en el Nueva Economía Forum apunta a cuatro dimensiones clave: la necesidad de eliminar la milicia paralela vinculada a Diosdado Cabello, la urgencia de fijar una fecha para elecciones limpias en Venezuela, la imposibilidad de que órganos ilegítimos gestionen instrumentos como la amnistía y el rol de la oposición, representada en este caso por María Corina Machado, en la construcción de una alternativa democrática. Estas cuatro líneas de argumentación configuran un marco de acción que trasciende la retórica de apoyo simbólico y exige cambios estructurales en el régimen venezolano para que cualquier transición sea sustancial y no solo formal.